uventino López Pichia quisiera traer a su esposa e hijos a Iowa.

Pero sabe que probablemente nunca pueda hacerlo.

López Pichia, de 41 años, es parte de una treintena de indocumentados detenidos en una redada en el matadero Agriprocessors en el 2008 que podrían ser deportados antes de fin de año. Todos recibieron visas temporales para que pudieran declarar en un segundo juicio al vicepresidente de la empresa Sholom Rubashkin.

Sin embargo, las acusaciones hay sido retiradas.

"Si pudiese traer a mi esposa a hijos aquí, lo haría", expresó López Pichia, quien corta pechos de pollo por 7,25 dólares la hora. "Este es el país de las oportunidades. Pero no puede ser. Voy a trabajar fuerte hasta que me tenga que volver".

López Pichia comparte una vivienda en Decorah con otros seis individuos afectados por la redada. Los siete viajan juntos a trabajar a Postville. Todos son guatemaltecos. En su tiempo libre, cocinan y limpian la vivienda, que alquilan a una familia de la zona.

Javier López Sache, de 19 años, dijo que quería ayudar a sus cinco hermanos y cinco hermanas en su país. Indicó que trabajaba en un sector refrigerado de la planta, a temperaturas bajo cero.

El trabajo en la planta sigue siendo febril, "pero las cosas están mejor ahora", expresó López Sache. "Antes los supervisores exigían mucho".

Varios de los guatemaltecos van a iglesias de la región. López Pichia dice que no bebe ni fuma por su fe cristiana y que llama a su familia todos los días.

Los activistas que asesoran a este grupo de indocumentados que debía declarar en el juicio a Rubashkin dicen que les parece escandaloso el que no se haga un proceso en el que se iban a ventilar los abusos que se cometían en la planta.

"¿Qué será de ellos?", preguntó el reverendo Paul Ouderkirk, pastor retirado de la iglesia católica Santa Brígida de Postville. "¿Qué hará el gobierno con ellos? ¿Reconocerán de algún modo el que hayan sacrificado dos años de sus vidas?".

Algunos indocumentados tuvieron experiencias tan duras luego de la redada que la arquidiócesis católica de Dubuque, que abarca Postville, contrató consejeros psiquiátricos bilingües para ayudarlos a lidiar con su depresión y con otros trastornos mentales, indicó Ouderkirk.

"La redada no terminó", sostuvo. "Uno nunca supera eso, no importa cuanto trate".

En mayo del 2008 hubo una redada del servicio de inmigración en Agriprocessors en la que fueron detenidos 389 indocumentados. Unos 300 fueron acusados de robo de identidad o posesión de documentos falsos y fueron enviados a la cárcel por cinco meses.

Uno de ellos fue Víctor Hugo Sis Tepaz, un guatemalteco de 44 años que trabajaba desde las cuatro de la tarde hasta las tres y media de la mañana. Se declaró culpable de robo de identidad por usar un número de Seguridad Social de Ohio y estuvo preso cinco meses en la Florida y en Oklahoma.

Las autoridades enviaron a Sis Tepaz y a otros ex empleados de la planta a Postville en noviembre del 2008 para que declarasen contra Rubashkin en un juicio en el que se lo acusaba de violar las leyes de inmigración.

Los 72 cargos que se le habían hecho, no obstante, fueron retirados en noviembre, lego de que un jurado de Dakota del Sur halló a Rubashkin culpable en otro juicio por fraude. La decisión obedeció en parte a los altos costos del proceso y a los inconvenientes que planteaba a los testigos.

Los fiscales adujeron que, de hecho, el jurado del primer juicio había hallado a Rubashkin culpable de violar algunas leyes de inmigración al decidir que le había mentido a sus prestamistas respecto a su fuerza laboral. Los defensores cuestionan esa interpretación.

Cuando se anularon las acusaciones relacionadas con las leyes de inmigración, los fiscales ya no necesitaban a los indocumentados, que ahora pueden ser deportados.

Mientras esperaban declarar en el juicio, los indocumentados seguían trabajando en Agriprocessors.

Rubashkin, su padre y varios empleados administrativos tienen pendientes procesos por emplear menores. Todos se declararon inocentes. El juicio comenzará el año que viene en una fecha no especificada.

Sis Tepaz dijo que las condiciones en la planta habían mejorado. Los supervisores antes eran "muy estrictos" y le exigían al personal que trabajase más rápido. "Ahora son más amistosos", comentó.

Dijo que gana 9,25 dólares la hora, comparado con los 7,50 de antes. Trabaja entre 50 y 60 horas semanales.

Los empleados dicen que se les pagaba menos de lo que les correspondía, que los hacían trabajar demasiado y se los amenazaba con ser despedidos si se quejaban. Una niña que tenía 15 años cuando fue contratada declaró a los investigadores que había sido sometida a hostigamiento sexual por algunos supervisores. Fuente: La voz de Houston