Algunos delegados miembros del Congreso Nacional Latino se pronunciaron ayer por una moratoria a las redadas dentro y fuera de los lugares de trabajo así como a las deportaciones masivas del país y las revisiones que los patrones están obligados a hacer para verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Además, criticaron la iniciativa de ley del congresista demócrata por el Cuarto Distrito de Illinois, Luis Gutiérrez, ya que falla en cambiar el enfoque policiaco de implementar la ley migratoria a uno más humano para mantener unidas a las familias de los indocumentados.

“No decimos que sea mala, sino que hay algunos aspectos de los que no estamos convencidos. En ningún lado de la iniciativa (de Gutiérrez) dice que se detengan los operativos de la Migra”, expresó David Silva, quien es presidente del Comité Popular de Defensa Legal de California, Inc.

Silva, así como el director local del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, Carlos Marentes, la presidenta de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, Isabel García, y el presidente de la Asociación Político Mexicoamericana, Nativo López, propusieron una resolución en la que exigen un alto a los operativos de las autoridades migratorias hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria justa y humana.

Además, pide enmendar la propuesta de Gutiérrez para que se incluya terminar con las redadas, deportaciones y militarización de la frontera internacional.

Al respecto, Gutiérrez confirmó que en su proyecto de ley no aborda los operativos migratorios porque “si se aprueba, se dará un tiempo, quizás un año, para que las personas comiencen a legalizarse y durante ese proceso se paran en automático las deportaciones”.

Pero los activistas dijeron que la iniciativa falla en proveer las protecciones necesarias para los indocumentados, aún y cuando éstos estén en vías de legalización.

Dijeron que, por ejemplo, pide por más agentes federales que cuiden la frontera así como su colaboración con las policías locales en la frontera, así como el uso obligatorio del programa de verificación E-Verify por parte de los patrones para conocer el estatus migratorio de sus empleados.

“Esto último resulta en la criminalización de los trabajadores migrantes y les da a los empleadores otra herramienta para romper uniones y degradar los derechos de los empleados”, manifestaron en un documento.

Agregaron que, aunque incrementará el número de visas disponibles para las familias, la iniciativa también falla en eliminar la barrera actual de tres a 10 años para tener esos permisos a las personas que viven sin documentos en Estados Unidos.

Además, “la propuesta de ley no le da una vía justa y rápida para los millones de indocumentados que merecen una oportunidad de legalizar su estatus rápidamente y tener los recursos para hacerlo. En lugar de ello, crea una nueva visa de no inmigrante condicionada”.

A la personas con este estatus de “segunda clases” le llevará de 12 a 13 años para legalizarse, advirtieron.

Asimismo, rechazaron un programa temporal de trabajadores agrícolas que proporciona visas a los indocumentados que han trabajado en el campo ya que pudiera convertirse en otro programa Bracero.